Trabajadores del SUTSIEEEV exigen incorporación al IPE: una deuda histórica por saldar

En Veracruz, la lucha por los derechos laborales suele darse lejos de los reflectores mediáticos, pero con un peso moral imposible de ignorar. La gestión de Carlos David Jácome Macías, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (SUTSIEEEV), es ejemplo de esa batalla silenciosa en busca de justicia para quienes han dedicado su vida al servicio público.

Jácome Macías ha sostenido un diálogo directo con la administración estatal. Su principal demanda es clara y trascendente: la incorporación de los agremiados al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE). Más que un simple trámite administrativo, este paso significaría garantizar una jubilación digna y cobertura social para decenas de trabajadores que llevan décadas fortaleciendo la educación pública.

Actualmente, el sindicato agrupa a 84 trabajadores activos cuyas historias reflejan la precariedad de un sistema que les ha negado derechos básicos. Algunos acumulan hasta 29 años de servicio; otros, a pesar de padecer enfermedades degenerativas, continúan laborando. El caso de quienes han llegado a los 82 años y aún cumplen jornadas es una muestra evidente del abandono institucional.

La negativa a esta incorporación no es nueva. Desde gobiernos anteriores se ha justificado con limitaciones presupuestales. Sin embargo, la dirigencia sindical ha planteado una solución: una ampliación anual de 4 millones 552 mil 687.93 pesos, suficiente para integrar no solo a los 84 empleados actuales, sino a los 160 trabajadores activos del Instituto de Espacios Educativos.

La propuesta se respalda en el decreto de creación del IEEV como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz, lo que refuerza la legitimidad de la exigencia.

La situación adquiere mayor gravedad al recordar que este instituto es responsable de garantizar infraestructura educativa en todo el estado. Sus empleados no solo realizan labores técnicas o administrativas: su trabajo impacta directamente en la calidad de vida de miles de estudiantes. Negarles una pensión adecuada contradice el discurso oficial de justicia social.

Como expresó Jácome Macías: “Detrás de cada jornada cumplida hay sueños, familias y una vida entregada al trabajo. Merecen respeto, justicia y mejores condiciones laborales”. Una declaración que no debe quedar en archivo sindical, sino asumirse como recordatorio de que la seguridad social es un derecho humano consagrado en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El problema, como en tantos otros casos, no es la falta de normas, sino la voluntad política para aplicarlas. La incorporación al IPE no debe considerarse una concesión del gobierno, sino el cumplimiento de una obligación pendiente.

La actual administración, encabezada por Rocío Nahle García, tiene la oportunidad de saldar esta deuda histórica. Negarse a hacerlo significaría perpetuar la injusticia y enviar un mensaje de insensibilidad hacia quienes sostienen el funcionamiento de un organismo clave para la educación veracruzana.

En un país que insiste en dignificar el trabajo y proteger a los sectores más vulnerables, no hay espacio para seguir postergando decisiones que afectan de manera directa la vida de los trabajadores y sus familias.

Este no es solo un tema laboral, sino también de derechos humanos. La edad avanzada de varios empleados, sus padecimientos y la precariedad en que se encuentran hacen urgente una resolución favorable. Si el presupuesto es el obstáculo, corresponde al gobierno encontrar los mecanismos para superarlo. La justicia social no puede depender del margen contable de una administración.

El respeto a los trabajadores del IEEV será, en última instancia, una prueba del verdadero compromiso gubernamental con los valores que proclama defender. Cumplir con ellos no es solo un acto de coherencia política, sino de humanidad.

La historia juzgará si este sexenio eligió atender a quienes construyeron el sistema educativo o si permitió que continuaran laborando en condiciones que les niegan su derecho a un retiro digno.