Perú atraviesa un punto crítico: organizaciones internacionales claman acción ante el retroceso democrático
- Redacción
- 16 jun
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Lima, 16 de junio de 2025 – Tres destacadas ONG de derechos humanos —CEJIL, DPLF y WOLA— lanzaron este lunes un contundente mensaje a la comunidad internacional. Con la Asamblea General de la OEA a la vista (27 de junio), advirtieron sobre un "alarmante retroceso" del Estado de derecho en el Perú, marcado por el continuo desacato a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El detonante principal ha sido la reciente aprobación, por parte del Congreso, de un segundo proyecto de ley de amnistía en menos de un año. Esta iniciativa, según las organizaciones, permitiría la impunidad por graves delitos de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2000, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones y masacres. Más de 750 casos —incluidos 156 con sentencia firme— quedarían expuestos a esa ley, contraviniendo decisiones vinculantes de la Corte IDH que calificó normas similares como “sin efecto jurídico”.
Por si fuera poco, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sugirió examinar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta declaración fue interpretada como una amenaza directa a los mecanismos que protegen a miles de peruanos. El contraste resulta evidente: el Ejecutivo, a la vez que cuestiona el SIDH, ha postulado juristas para cargos interamericanos en la CIDH y la Corte IDH, lo que las organizaciones califican de incoherencia estratégica.
Las tres ONG sostienen que estas acciones no son eventos aislados, sino parte de un proyecto mayor: desarmar los mecanismos de rendición de cuentas, blindar impunidad por crímenes del pasado y aproximarse a un régimen autoritario que erosiona los principios democráticos.
Reclamos urgentes:
Que los países de la OEA expresen firme preocupación y actúen en la Asamblea General.
Que la CIDH incluya a Perú en el capítulo IV.B de su próximo informe, dedicado a retrocesos graves en derechos humanos.
Que la Corte IDH se pronuncie sobre el “desacato reiterado” del Estado peruano, y presente el caso ante la OEA.
Que Congreso y Ejecutivo detengan de inmediato cualquier iniciativa que favorezca la impunidad, y restituyan el rumbo hacia el respeto de sus compromisos interamericanos.
Cabe recordar que la Corte IDH ya declaró al Perú en situación de desacato en diciembre de 2023 por la liberación del exdictador Alberto Fujimori, en contra de sus propias sentencias sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos. Hoy, tras nuevos movimientos legislativos, los mecanismos internacionales de justicia y derechos humanos vuelven a encender las alertas.
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